¿Por qué no se condenan los asesinatos de hombres por sus parejas?

Cito el comunicado recibido vía e-mail:

COMUNICADO DE PRENSA:

LA FEDERACIÓN VALENCIANA POR LA IGUALDAD Y LA COPARENTALIDAD EXIGE AL MINISTERIO DE IGUALDAD UNA CONDENA PÚBLICA Y ROTUNDA A LAS ÚLTIMAS ACCIONES DE VIOLENCIA CONTRA HOMBRES Y MUJERES A MANOS DE SUS EX PAREJAS

Valencia, 21 de Enero de 2010

Con motivo de las acciones cometidas durante el día de hoy sobre hombres y mujeres en el ámbito de la relación de pareja en Brunete y en Elche la Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad desea manifestar su profundo dolor y consternación así como transmitir sus más sentidas condolencias a las familias tanto de la mujer fallecida como del hombre apuñalado.

Asimismo, la Federación Valenciana llama la atención urgente de todos los políticos, gobernantes y principalmente a la responsable del ministerio de Igualdad, Bibiana Aído, para que no titubeen y tengan el valor de reconocer la presencia de la violencia en todas sus manifestaciones dentro del ámbito familiar, con independencia del sexo de agresores o víctimas, y condenen públicamente y sin ambages TODOS estos lamentables sucesos que no son sino un claro reflejo de una nefasta política gubernamental en prevención y lucha contra la violencia intrafamiliar. Una política de legislación fundamentada en la discriminación por razón de género, que está promoviendo mayor violencia en el seno de las familias, que deja sin amparo colectivos de hombres y mujeres de parejas homosexuales así como hombres de parejas heterosexuales, además de demostrarse del todo ineficaz con las mujeres que sufren maltrato en al ámbito de una relación heterosexual.

No podemos establecer leyes distintas para cada sujeto colectivo. Nos lo dice el artículo 14 de la Carta Magna, según el cual, "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El símbolo de la justicia es precisamente la balanza en equilibrio, porque debe tratar por igual a todos los ciudadanos. Por eso la Ley de Violencia de Género sigue fracasando, dejando en el camino más muertes, mayor rencor y mayor enfrentamiento de la sociedad consigo misma. Lo que lo que nuestra sociedad demanda con urgencia no es una ley de género sino una ley que combata y prevenga cualquier forma de violencia que se pueda cometer, no ya en el ámbito familiar, sino en cualquier ámbito, porque la violencia, venga de donde venga es inaceptable.

Solicitamos al Partido Popular de Valencia que inste al gobierno central a una reforma legislativa en materia de violencia intrafamiliar, reconociendo hace unos días que la LVG contraviene el artículo 14 de la Constitución, porque “excluye de su amparo a toda víctima que no sea mujer y su agresor no sea hombre”. Reconocer que una ley que también apoyó en su momento con su voto va efectivamente contra la Constitución, supondría un gesto de autocrítica y de rectificación de su propia acción parlamentaria que no acostumbramos a ver en las filas de ningún partido político.

La Federación Valenciana no tiene la menor duda de que para devolver al estado español el artículo 14 de la Carta Magna es fundamental iniciar una reforma legislativa basada en un nuevo texto que prevenga y combata en la misma medida y con el mismo énfasis cualquier forma de violencia ejercida en una relación de pareja, sean sus miembros de igual o distinto sexo y con independencia del sexo de la figura agresora.

Por su parte, el Gobierno tiene que darse cuenta de que la vara de medir debe ser igual para todos. No es propio de un Estado de Derecho y sí de los gobiernos totalitaristas fundamentar su legislación en el delito de autor. Una legislación que estigmatiza al varón como presunto culpable y que encasilla a la mujer como un ser indefenso, relegándola socialmente a un status de inferioridad respecto al varón, necesitada de leyes más ventajosas, sólo está consiguiendo generar mayor violencia en el seno de nuestra sociedad. Por ello como no podía ser de otro modo, la LVG está levantando ampollas en el seno de innumerables colectivos de hombres y mujeres y por supuesto en el colectivo de jueces de todo el país, cuyas críticas a la LVG tanto de jueces, fiscales, y la sociedad en general pretenden ser tapadas por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y el propio Gobierno con multas y reprimendas públicas.